Bonadío pidió el desafuero y la detención de CFK

Es por la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, que inició Nisman. Este jueves fueron detenidos Carlos Zanini y Luis D'Elía. Al excanciller Timerman le dieron arresto domiciliario. Los senadores del PJ no darían los votos y el desafuero no avanzaría.

El juez federal Claudio Bonadio tomó este jueves una impactante decisión política y judicial al pedirle al Senado el desafuero de Cristina Kirchner para detenerla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, por el cual la procesó.

El delito del cual acusa a la expresidente es el de "traición a la patria". Pero de todas maneras trascendió que los senadores del PJ no darían los votos y el desafuero de la expresidente no avanzaría.

El magistrado también ordenó la detención de Carlos Zannini, mano derecha y principal asesor de la ex presidenta en sus dos mandatos, y de Luis D'Elía, al tiempo que le otorgó la prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman, que atraviesa un complicado estado de salud.

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Zanini al ser detenido en Santa Cruz.

El ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia fue arrestado en Río Gallegos cerca de la una de la madrugada por personal de la Policía Federal, mientras que D'Elía, supuesto principal vínculo del kirchnerismo con el régimen de los Ayatollas de Irán, fue arrestado en su domicilio de Larerrere en La Matanza.

La PFA también detuvo a Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina y protagonista de las escuchas telefónicas con D'Elía.

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Esteche siendo trasladado a Comodoro Py.

Fernando Esteche, exlíder de la agrupación Quebracho y sobre quien también pesaba un pedido de detención, se entregó esta tarde en la comisaría 46 del barrio porteño de Retiro. Desde ahí será trasladado inmediatamente a la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en las calles Madariaga y General Paz, del barrio de Villa Lugano. Su abogado Fernando Burlando había presentado un escrito advirtiendo que "en otras oportunidades que estuvo detenido tuvo incidentes en algunos penales de la Argentina" por lo que expresó la preocupación de que no vaya al penal de Marcos Paz por considerarlo "de riesgo para su integridad física".

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Andrés Larroque.

Los otros imputados en esta causa son el diputado Andrés "Cuervo" Larroque y el exjefe de la AFI Oscar Parrilli, a quienes Bonadio procesó sin prisión preventiva y les impuso la prohibición de salir del país. La misma decisión les cabe al exnúmero dos de la AFI Juan Martín Mena, y la exprocuradora del Tesoro, Angélica Abbona.

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Oscar Parrilli.

En tanto, el juez dictó falta de mérito al exsecretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement y su asistente Alberto Mercado, al igual que del embajador Alberto D'Alotto y de la exfuncionaria de Cancillería Susana Ruiz Cerutti.

Los argumentos

Bonadío procesó a Cristina acusándola de montar un "plan criminal orquestado" junto al excanciller Héctor Timerman, diseñado para "dotar de impunidad" a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA.

La decisión consta en un dictamen de 365 páginas. Allí también se dispone el embargo de Cristina por 50 millones de pesos, según detalló Clarín. La expresidenta sumó así su cuarto procesamiento en la justicia federal.

La expresidenta y los exfuncionarios de su gobierno fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de septiembre, de "encubrimiento agravado" por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol de funcionarios públicos, generaron "un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público".

El "plan criminal" según la Justicia, estuvo "destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní" imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Este "encubrimiento" les permitió "eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado".

Para la Justicia la principal responsabilidad del "accionar criminal denunciado" recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la exprocuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés, Larroque, entre otros.

Pero además, este "plan denunciado" contó con "canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales", como "vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado". En esta instancia, se incluyó a "un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos involucrados", que desde la informalidad, "contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan": Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil.

¿Sin los votos?

En principio, asoma como altamente improbable que el pedido de desafuero de Cristina Kirchner pueda prosperar en el Senado por la posición de los senadores del PJ de que solo se quitan los fueros cuando hay "cosa juzgada" y "sentencia firme". A la expresidenta recién le dictaron el procesamiento.

El pedido de desafuero tampoco podría ser tratado en el corto plazo por el Senado debido a que el Congreso se encuentra en receso.

Así, para habilitar su tratamiento el pedido debería ser incluido en el decreto de llamado a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo y, al tratarse de un tema del propio Congreso, hay dudas con que el Gobierno pueda colar el pedido en la agenda de sesiones extraordinarias.

Una opción sería que el Congreso autoprorrogase el período de sesiones ordinarias, algo que sucedió por ejemplo en la crisis de 2001. Pero el procedimiento tendría vidriosa constitucionalidad y además tampoco suena probable que la oposición acompañe esa opción.

Por otro lado, el pedido deberá ingresar por Mesa de Entradas del Senado y después girado a alguna comisión por las autoridades. En el Senado no existe, como en Diputados, con lo que el giro debiera ser a la de Asuntos Constitucionales, hasta hoy presidida por el kirchnerista Marcelo Fuentes.

Esa comisión, por el receso, no está siquiera constituida. El plan del oficialismo era solo constituir a tres comisiones la semana que viene -Presupuesto, Economía y Acuerdos- para tratar una serie de proyectos impulsados por la Casa Rosada. De Asuntos Constitucionales no se habla por ahora.

De esta manera, todo indica que el pedido no podría empezar a discutirse antes de marzo de 2018, cuando arranca el período de sesiones ordinarias.

Ahí la traba será directamente política y aritmética. Para que prospere el pedido de desafuero se necesita el apoyo de dos tercios de los senadores, es decir sumar 48 votos.

El peronismo se partió justo ayer en el Senado en dos bancadas: 25 quedaron en la de Miguel Pichetto y 8 en la de Cristina Kirchner. Entre ambas suman 33 votos. En caso de que el resto de los 39 senadores votara el desafuero, igual no se llegaría sin esas dos bancadas peronistas.

Fuentes de la bancada del PJ dijeron a Clarín que existe un compromiso político -directamente hablaron de "palabra de honor"- con los K de que no facilitarán el desafuero de la expresidenta.

A diferencia de Diputados, donde sectores del peronismo sí acompañaron el desafuero de Julio de Vido, en el Senado la costumbre es que los desafueros solo prosperan cuando hay sentencia definitivo.

Justamente Pichetto, rival de Cristina, es un firme defensor de esta posición. "Yo creo que el desafuero procede ante sentencia firme. Esto en términos digamos también del principio constitucional de la inocencia. Esta es una posición que yo vengo sosteniendo y que no diría que es doctrina en el Senado, pero ha sostenido digamos, en muchas situaciones individuales de pedido de desafuero, esta línea de definición política", dijo el senador rionegrino en octubre pasado.

Como dato concreto, Carlos Menem tiene condenas que aún no están firmes. Y sigue siendo senador y ayer se sumó a la nueva bancada de Pichetto.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, dijo a Clarín: "Haremos lo que corresponde, estudiar seriamente el pedido de desafuero para que funcionen bien las instituciones. Tendremos una mirada institucional y no partidista".

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