El TIP dice que Gebruers actuó en forma "imprudente, reñida con la ética, temeraria"

Los jueces del TIP, Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, sostuvieron que el abogado defensor Omar Gebruers tuvo una conducta “reñida con la ética” y respaldaron al tribunal que emitió la condena de cuatro docentes por los abusos sexuales en el jardín de 25 de Mayo.

En la resolución que ratificó la condena, los jueces desecharon el pedido de anular el fallo por parcialidad del tribunal. Gebruers había planteado falta de “imparcialidad” de los jueces a partir de que denunció que habrían elaborado el fallo antes de escucharlos alegatos. Los jueces del TIP descartaron esa posibilidad y tacharon de “imprudente y temeraria” la denuncia del letrado.

Gebruers dijo que el 10 de enero le llegó un CD a la oficina con una copia del fallo. Los jueces consideraron que debe investigarse el delito de la sustracción de esa copia. Pero desvincularon al tribunal y rechazaron que el fallo haya estado redactado antes.

En ese sentido, detallaron que la copia de la sentencia se imprimió tan solo un día y medio hábil posterior a los alegatos del 22 de diciembre, con idénticos fundamentos del fallo que se leyó el 1 de febrero.

Los jueces aclararon que lectura de sentencia es para poner en publicidad el fallo, pero nada impide que la decisión se tome antes. “Para el 27 de diciembre ya se encontraba el tribunal en período de deliberación, y en condiciones de dictar sentencia puesto que el debate se había cerrado el 22 de diciembre, por lo que no se vislumbra cual sería el vicio de existir un borrador con la opinión del juez preopinante”, alegaron.

Por otra parte, a partir de la propia experiencia como magistrados, estimaron que los jueces van tomando nota de los datos destacados de los testimonios que se van produciendo. “Escapa a todo sentido común, la exigencia de que el proyecto de resolución deba ser totalmente escrito recién cuando se finalice con los alegatos, como expone la defensa”, contrastaron.
“No se logra acreditar la presencia de la irregularidad alegada”, insistieron.

“Considerar que los jueces han permitido que el fallo se conozca con antelación, a la fecha de lectura, no encuentra respaldo alguno en el recurso, puesto que de la propia fundamentación se puede apreciar que de haberse filtrado un proyecto de lo que en definitiva fue el fallo, la deliberación ya se había producido”, razonaron. “A lo que se debe sumar que nada indica que la alegada filtración haya sido producto de un actuar si quiera culposo y mucho menos malicioso de parte de los Magistrados”, añadieron.

“Para arrojar luz en este tema y fundamentalmente sobre la afirmación que efectúa la defensa acerca de que la sentencia se encontraba concluida antes de finalizar el debate, es preciso indicar que ello de ninguna manera es factible, pues nuestro sistema procesal materialmente lo impide”, plantearon. “No existe la posibilidad material que los jueces en un sistema procesal acusatorio pueda fundar su sentencia sino es mediante la prueba que de manera regular se incorpora durante el debate, por exclusiva iniciativa de las partes y bajo su control ¿Cómo puede un juez afirmar en una sentencia lo que el testigo dijo, si no lo escuchó en el juicio oral?”,se preguntaron.

Los jueces no se privaron de cuestionar la conducta del abogado Gebruers. “La alegada parcialidad en el proceder de los Magistrados no es tal y, fundamentalmente, es totalmente imprudente la defensa al afirmar la existencia de predisposición de los jueces de audiencia al momento de sentenciar, la que se vería reflejada mediante el dictado de una sentencia aun antes de haber terminado el juicio”, dijeron.

“No solo es imprudente sino temerario de su parte al afirmarlo, si de alguna manera se puede describir su accionar, sustentado en esa hipótesis, pues sin lugar a dudas la divulgación de un borrador de una sentencia no resulta una cuestión menor, sino que es un delito que debía ser investigado”, prosiguieron.

En ese punto, citaron que el delito de la filtración se investigó a partir de la denuncia realizada por los propios miembros del tribunal y que el fiscal que investiga determinó que el juez opinante en primer lugar, terminado el juicio oral, se dedicó de manera exclusiva al dictado de la sentencia y lo desvinculó de la filtración.

Por otra parte, el TIP reprochó “la conducta de la defensa de no poner de inmediato en conocimiento de la judicatura la supuesta copia de la sentencia que fuera recepcionada en su domicilio particular, conforme su relato y posibilitar el esclarecimiento de un delito que en definitiva a esta altura impide conocer cuál era su motivación”.

Además, mencionó que “llama poderosamente la atención que un profesional del derecho avezado en causas penales, con conocimiento en técnicas de investigación haya destruido el CD original que llegó supuestamente a sus manos de modo que con esa destrucción impidió que se descubra la verdad”.

“Lo cierto es que esa conducta de la defensa, reñida con la ética, no permitió el esclarecimiento de un hecho que afecta de manera grave la vulneración de la concreta información de datos secretos. La reserva -en este caso- protege fundamentalmente la situación de personas con relación a un crimen, la identidad de niños y víctimas de delito e impidió fijar responsabilidades de quienes resulten sus autores, deviniendo esta conducta muy próxima a otro delito, como lo es el de encubrimiento”, redondearon.

En concreto, refirió que “no existe dato que permita acreditar que se llegara a la decisión definitiva del caso, previo a comenzarse con la deliberación, sin haber escuchado las argumentaciones de las partes en los alegatos de clausura”.

“Ello en virtud de que la sentencia ha cumplido con la publicidad a su debido momento y que para arribar a la decisión del caso no se encuentra acreditado que los Magistrados han incumplido con la deliberación secreta y no se advierte si quiera un menoscabo a la imparcialidad de los juzgadores”, completaron.



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