Cayó de una escalera y sufrió heridas de gravedad: condenan a vendedor y proveedor

El demandante padeció la fractura triple de una vértebra dorsal y quedó incapacitado –en forma total y absoluta– por tres meses para el desarrollo de todo tipo de actividades. El fallo fue firmado por las juezas Álvarez y Torres.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una condena -en el marco de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor- contra el vendedor y el proveedor de una escalera telescópica regulable porque se rompió en el primer uso.

El comprador, a raíz de ello, se cayó desde 1,80 metros de altura cuando estaba pintando una habitación de su casa y sufrió graves lesiones.

El fallo de primera instancia había sido dictado por la jueza en lo civil, Fabiana Berardi, y ahora la Sala 1 de la Cámara, compuesta por las juezas Laura Torres y Marina Alvarez, ratificó en un todo esa resolución, incluyendo el monto resarcitorio de 350.807 pesos, más intereses desde la fecha del hecho (19 de abril de 2009), por gastos médicos y farmacológicos, incapacidad sobreviniente y daño moral.

El demandante padeció la fractura triple de una vértebra dorsal y quedó incapacitado –en forma total y absoluta– por tres meses para el desarrollo de todo tipo de actividades (profesionales, recreativas y domésticas).

La defensa

El perito interviniente sostuvo que “el daño provino de la escalera, específicamente de la rotura de ambos parantes de manera intempestiva, lo que provocó la caída del actor, sin que mediara culpa atribuible a él”.

El vendedor –en el recurso de apelación– adujo que existió culpa del cliente por cuanto colocó “la escalera en un ángulo de 90 grados cuando debió ser colocada entre 65 y 75”, y agregó que no se le puede pedir a él que desacredite los dichos del comprador cuando el hecho ocurrió “dentro de cuatro paredes, en absoluta soledad”.

También cuestionó que la jueza hablara de “primer uso” de la escalera, cuando había sido adquirida hacía tres meses y en ese lapso el comprador pudo haberle dado un mal uso; y agregó que éste último debió acreditar que “la escalera contaba con algún tipo de vicio al momento de la adquisición, lo que no hizo”. En definitiva, concluyó que no se pudo probar que la escalera contara con un vicio y que, por consiguiente, la culpa fue de la víctima.

La proveedora, por su parte, le imputó a la jueza que no se probó “la relación causal entre el hecho y el vicio alegado” y, menos aún, que la empresa tuviera alguna responsabilidad porque “no fue vendida por ella ni llevaba” su marca.

En ese sentido, arguyó que el vendedor debió acreditar que la escalera era de la tercera citada (el proveedor) para que se activara el artículo 40 de la ley 24.240, ya que no alcanza con sostener y/o probar que esa tercera parte citada fuera o haya sido proveedora del objeto. E insistió en que no existe ninguna prueba que la escalera tuviera la marca del proveedor. Por el contrario, enfatizó que para hacerlo responsable debió probarse que fuera proveedor de esa escalera y no de otras escaleras. También cuestionó que se haya acreditado la mecánica del accidente por los dichos del demandante ya que no hubo testigos presenciales, solo “amigos y/o conocidos” de él que han declarado en el expediente.

Fundamentos

Torres, en su voto, recordó que la ley establece el principio de “in dubio pro consumidor” y que “el régimen de consumo reposa en la imputación objetiva como factor de atribución, por lo que al estar en juego esa responsabilidad objetiva, correspondía a la demandada acreditar la ruptura del nexo causal o una causa eximitoria, pues la norma aplicada (artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor) prescribe de forma contundente que ‘solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena’ (…) Va de suyo entonces que, contrariamente a la interpretación que desarrollaron los apelantes, al consumidor le basta con señalar la existencia del nexo causal (…), siendo carga del vendedor y/o proveedor demostrar la ajenidad de ella; cuestión que no han logrado”.

Torres rechazó el argumento de la proveedora de que no podía ser condenada porque ni siquiera el demandante lo solicitó. Lo hizo indicando que el artículo 40 habla del proceso de elaboración de un producto y en él están incluidas cuatro funciones básicas de la economía: producción, circulación, distribución y comercialización.

“Es en ese contexto donde surge el concepto de producto defectuoso (...) Un producto o servicio puede cumplir adecuadamente su función, y sin embargo, ser defectuoso; es lo que sucede con ciertos medicamentos que, aunque eficaces o elaborados de acuerdo con las especificaciones técnicas, no informan la forma correcta de uso, los efectos colaterales, etc.”, acotó.

La magistrada insistió en que “la víctima del daño no tiene porqué investigar la mecánica del accidente, basta con que ofrezca datos concretos y fidedignos que permitan su comprobación fáctica”, y que, por el contrario, el vendedor debió demostrar que la víctima le dio un mal uso a la escalera y el proveedor que no le había vendido la escalera a éste último y que no tenía inserta su marca.

Alvarez coincidió con los argumentos de Torres, pero en su voto a su vez hizo hincapié en la pericia técnica. Indicó que el ingeniero civil que realizó esa tarea determinó que el colapso de la escalera “se debió a una falla del material” y no se expidió –porque no hubo prueba de ello– sobre si “esa rotura se produjo o no por una falla de fabricación porque desconocía cómo se fabricó la escalera y, además, dicha información no surgía del expediente”.

“Si la falla fue de fabricación o existió deficiencia en los materiales (…), en primer término que no fueron extremos incorporados como defensa por las partes accionadas; y en segundo término, la acreditación de tales ítems no le puede ser legalmente exigida al actor; puesto que escapan a su accionar; pero sí a quienes por su calidad de vendedor y proveedor de la escalera debían hacerlo”, expresó.

Finalmente, con relación a un presunto mal uso, el perito sostuvo que el consumidor “cumplió con todas las medidas de seguridad indicadas, haciendo un uso adecuado de la escalera para la tarea que realizaba”; añadiendo que “si bien las partes argumentaron que existió culpa de la víctima, no indicaron mediante qué acción u omisión culposa (imprudente, imperita o negligente) podría haberse ocasionado la quebradura de la escalera”. Incluso –concluyó– esa presunta culpa se mencionó ha efectuado de “modo genérico, sin indicación concreta respecto de cuáles fueron o podrían eventualmente ser esas conductas u omisiones que le endilgaron” al actor.

Además, no surge que se hubiera informado al usuario –al momento de adquirir o posteriormente, como tampoco en las tratativas previas–, cómo debía usar la escalera, siendo una obligación expresa y prevista en artículo 4 de la ley y el artículo 1100 del Código Civil y Comercial. A su vez, Alvarez resaltó que existe un deber de seguridad e indemnidad –previstos por los artículos 5 y 6 de la Ley de Defensa del Consumidor– que disponen que los bienes o servicios deben ser suministrados o prestados de tal modo que, utilizados en condiciones de normal uso, no presenten peligro para la salud o la integridad del consumidor.

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