Un acuerdo salarial razonable y otro no al plus patagónico

En la columna editorial de todos los lunes, La Arena Vernácula, un repaso -con opinión mediante- de las principales noticias de la semana pasada.

Una de cal...

6a

Los gremios que integran la Intersindical de estatales y el gobierno provincial avanzaron notablemente en la posibilidad de un acuerdo salarial, en el marco de la negociación paritaria: la negociación se desarrolló con sensatez y no fueron necesarios más que un par de encuentros para concluir en un punto en común.

El oficialismo, para ello, mostró más generosidad que la aconsejada por el propio gobierno nacional y además el gobernador Carlos Verna abrió el paraguas sobre lo que se ve venir: dijo, sin medias tintas, que se prevé una nueva devaluación -con obvio impacto negativo en el bolsillo de los trabajadores- después de las elecciones legislativas, tengan el resultado que tengan.

El arreglo prevé un incremento salarial del 20 por ciento, en cuotas, hasta el mes de agosto, con la garantía de que en ese momento se armará una nueva mesa de negociación para estudiar los efectos de la inflación.

Para el oficialismo es una victoria con doble sabor, porque se produce en un contexto especialmente conflictivo en el país, donde arrecian tensiones, paros y movilizaciones.
Los gremios pampeanos, quizá a la luz de otras negociaciones anteriores, consideraron que resultaba sensata la propuesta de patear para más adelante las posibles consecuencias de un aumento de precios.

No se produjo, en La Pampa, el efecto que tiene lugar en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora María Eugenia Vidal encuentra entre sus interlocutores una ácida falta de credibilidad, a partir de antecedentes concretos y de posturas ideológicas y políticas que parecen irreconciliables.

El ataque oficialista a los trabajadores organizados ha sido feroz: no se terminó en las disidencias -dentro de todo, previsibles y lógicas- en el marco de la paritaria, sino que se extendió como una escalada de inédita intensidad, estableciendo decisiones que son históricos mojones y de las que a la administración provincial le costará volver.

El inicio de clases ha sido cada año, desde hace tiempo, un problema para los distintos gobiernos bonaerenses: no es la primera vez que hay un paro, con las sensibles consecuencias que una medida de ese tipo tiene sobre la comunidad en general, pibes que no van a la escuela y familias cuya rutina cotidiana se ve modificada a la fuerza.

Pero sí es la primera vez que los funcionarios reaccionan con una furiosa ofensiva estigmatizadora, apuntando a los representantes sindicales como cabecillas de una facción política, exigiendo a los docentes que definan su pertenencia partidaria, no solo descontando los días no trabajados sino estableciendo un premio ilegal a los que rompan la huelga y amenazando a los gremios con quitarles su personería.

El inédito ataque no es casual ni azaroso: tiene lugar en el exacto momento en que un gobierno integrado por referentes de las patronales pretende pisotear derechos conquistados en los convenios colectivos; y relativizar las paritarias al margen de la ley con la excusa de que aumentar los sueldos genera inflación.

Es un escenario, a la vez, en el que por primera vez, después de 15 meses de excesiva e inexplicable prudencia, el movimiento obrero decide dar testimonio con un paro general nacional de los efectos concretos de las políticas públicas (muy resumidamente: más desocupación, más pobreza, menos industria nacional, más injusticia social).

...y una de arena

6b

En esta misma semana copada por los conflictos, pujas y negociaciones en el ámbito del trabajo, la jueza Fabiana Berardi se dignó -después de 8 años de espera- en dar a conocer el fallo frente a la petición de los trabajadores para que en nuestra provincia se pague el plus patagónico.

La magistrada definió con retardo y en contra del interés de los trabajadores: les dijo que no correspondía en esta instancia que accedieran a ese derecho, aunque dejó una puerta abierta a que la situación se resuelva de otro modo y en otro ámbito, más concretamente por el poder político y la vía legislativa.

Justo en la misma semana el gobernador Carlos Verna elevó su queja porque funcionarios nacionales siguen desconociendo la realidad y la ley: el ministro de Transporte Guillermo Dietrich ninguneó en un anuncio oficial la pertenencia de La Pampa a la región patagónica.

En ese sentido, el Estado pampeano -sus representantes, los funcionarios- tendrán que elegir una posición menos ambigua: si nuestra provincia efectivamente es parte de la región patagónica, como indica la ley, tendrán que trabajar más seriamente, más visiblemente y más coherentemente en la toma de decisiones que tengan en cuenta esa categoría.

El plus patagónico para los trabajadores es, necesariamente, una de las herramientas que se tienen que poner en debate, pero no como mero show y para patearla eternamente para adelante, sino para convertirla en una realidad, que además evite las injusticias actuales.

No es para nada equitativo que en una misma ciudad haya trabajadores que se dedican a similares tareas, que -por ejemplo- cumplen funciones para distintos organismos estatales y que sin embargo a la hora de percibir sus salarios tengan ese tipo de diferencias: un empleado de la Justicia Federal o un docente universitario percibirán el plus patagónico, un empleado de la justicia provincial, o un profesor secundario, se quedarán sin ese derecho.

Hace décadas que algunos dirigentes abordan la problemática con relativa seriedad, pero sin avanzar nunca más allá de algunas palabras o planteos de buenas intenciones, incluyendo la posibilidad de que las empresas y el comercio accedan a beneficios impositivos.

Desde ya que mientras esa discusión necesaria se posterga una y otra vez otros debates apremian: la situación de los trabajadores, más allá del nuevo “dibujo” del INDEC respecto del índice de desocupación, está en el centro de la escena desde que la nueva realidad económica y política genera mayor desempleo y achica los salarios reales.

Con un par de maniobras, la estadística oficial tiende ahora a mostrar un panorama alentador: aquellos que se rindieron y no buscan trabajo -porque no encuentran nunca, porque no tienen plata para el transporte, porque no creen que tenga sentido- ahora no figuran más como “desocupados”, lo cual achica el porcentaje de personas sin trabajo.

Mucho más allá de los números del “Palacio”, la “Calle” habla: la situación revelada en las últimas semanas en el relleno sanitario es una auténtico drama social, en el que se desnudan carencias que no son nuevas, pero que sí están agravadas y extendidas.

Hay personas que van al lugar y pelean por los restos de residuos que para esos sectores son, en realidad, comida. Cuando al intendente Leandro Altolaguirre le preguntaron por el tema, recién salido de la reunión con otros referentes de la alianza para ocuparse de las elecciones que vienen, ni se fijó en el costado social del asunto y apenas anunció que harían la denuncia judicial a quienes ingresen al lugar sin autorización.

Nuevo capítulo de una vieja historia neoliberal: el Estado, ausente para contener, dar de comer, educar y socializar; pero ultrapresente para reprimir, vigilar y castigar.

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Comentarios  

+1 # vero 20-03-2017 17:37
PLUS PARA LOS RICACHONES PLUS PARA LOS CONOCIDOS DE....PLUS PARA FAMILIARES DE...PARA EL TRABAJADOR PARA EL LABURANTE NOOOOOOOOOOOOOO ............... .......
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-1 # rocki 20-03-2017 13:34
ARREGLAN X UN PAR DE ALPARGATA (SUMAS EN NEGRO, YOCON 40 AÑOS DE ANTIGUEDAD COBRO = QUE UNO Q RECIEN ENTRA, PLHUS PATAGONICO?) Y BUENO MIRA LOS REPRESENTANTES DE u:p:c:n: UNO DIPUTADO Y EL OTRO SAPO ESTAVA EN PICO Y IZO UNA ELECCION EN EL CENTRO CIVICO QUE SE ENTERARON LOS DOS ELECTOS
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+8 # Cachafaz 20-03-2017 09:29
Cosas que no se entienden claramente. Por un lado peleamos con el Gobierno Nacional por la inclusión en la Patagonia para lograr beneficios. Por otro una jueza provincial nos deja fuera del plus patagónico. TAAAAANNN independiente es nuestra justicia ????
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