Limitaciones y asignaturas pendientes de los populismos latinoamericanos

Por Eduardo Luis Aguirre

En todo el mundo se multiplican los interrogantes y las respuestas -siempre provisorias- que se ensayan para explicar la crisis de los populismos latinoamericanos y su retroceso frente a expresiones conservadoras en elecciones nacionales recientes.

En tren de desentrañar los límites y asignaturas pendientes de gobiernos populares que incidieron decisivamente en materia de inclusión y promoción social de vastos sectores populares históricamente postergados y socialmente invisibilizados, las estupefacciones pueden ser sintetizadas en una pregunta: ¿cómo pudo ocurrir que derechos que parecían consolidados, afirmados, definitivamente alcanzados, hayan podido ser pulverizados en tan poco tiempo?

Boaventura de Sousa Santos es quien ha formulado en esos términos, precisamente, este interrogante crucial. Sin embargo, a la hora de analizar las asignaturas pendientes en materia de ampliación de derechos, las gramáticas reiterativas tienden a exhibirse como un mantra de escasa verificación empírica.

Hay muchos -demasiados- colectivos sociales ubicados en la zona del “no ser”, como los denomina Frantz Fanon (foto), las ‘vidas desnudas’ que caracteriza Giorgio Agamben”, los “matables” que refiere Jorge Alemán, que han quedado en la intemperie social más absoluta durante más de una década, y sobre los que poco o nada se ha hecho en materia de reparación e inclusión social.

Uno de esos nichos de marcada opacidad lo constituye la denominada “cuestión criminal” y la política carcelaria llevada adelante por los populismos.

El PT, en Brasil, fue arrojado del poder mediante un golpe blando, después de llegar a 800.000 presos y una experiencia atravesada por la sostenida privatización carcelaria y la violencia institucional más severa.

El criminólogo y militante por los Derechos Humanos venezolano Andrés Antillano ha dado cuenta circunstanciada de un tránsito pendular del chavismo, consistente en adjudicar a la delincuencia causas estructurales durante los primeros años, para luego pasar a considerar a los infractores “enemigos de la revolución”.

Más precisamente, en los principios de la revolución bolivariana se asoció el aumento de la criminalidad con la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. Los problemas del delito -se decía- no se solucionarán sin antes superar las grandes taras sociales heredadas de los gobiernos neoliberales.

Esa suerte de funcionalismo de izquierda iba añadido a una postura profundamente crítica respecto del poder punitivo del Estado. “Estos discursos, sin embargo, conocerán durante los últimos años un desplazamiento que terminará acercando sus perspectivas sobre el delito y el castigo a las narrativas punitivistas que en un principio se recusaron. Por un lado, el tema de la inseguridad se vuelve cada vez más central, dejando atrás el lugar marginal que tenía en el proyecto bolivariano y en la preocupación de sus voceros.

Desde 2009, cuando Chávez le dedica buena parte de su discurso de Memoria y Cuenta en el Parlamento al tema, la seguridad ha crecido en relevancia y presencia en la narrativa del chavismo, hasta convertirse en la principal oferta electoral de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez luego de su fallecimiento”, aclara Antillano.

De esta manera, “el criminal ya no se entiende como víctima del capitalismo”, sino como su expresión más acabada, el portador de sus valores, y en tanto tal no requiere de indulgencia, no es suficiente con los esfuerzos para superar la pobreza, sino que se demanda severidad y castigo. La lógica de la responsabilidad individual del delincuente, tan cara para los discursos neoliberales y punitivistas, reaparece de la mano de la vieja figura del lumpen.

Curiosamente, los discursos del chavismo y de la oposición se acercan: el delito no responde a causas estructurales, sino que se concibe como correlato del descalabro de determinados valores o de la inoculación de otros que conducen al crimen y a la violencia”.

El último segmento del gobierno de Chávez y la gestión actual de Nicolás Maduro operan un deslizamiento hacia políticas duras de castigo penal que implican el incremento de la violencia policial y de la población en prisiones. Estas políticas se distinguen poco de las fórmulas punitivistas promovidas por el neoliberalismo y de los dispositivos penales y policiales utilizados por los gobiernos anteriores, repudiados en el discurso chavista de los primeros tiempos.

Entre los principales signos de este endurecimiento estarían las reformas legales que reducen garantías y amplían el uso de la prisión, el incremento de los tipos penales y el aumento de la severidad del castigo, en el plano legislativo; la utilización profusa de figuras que abrevian el proceso, debilitando las garantías procesales, promoviendo por vía coercitiva la autoinculpación y eliminando de facto el juicio contradictorio y el debido proceso, y el envío masivo de sospechosos a la prisión preventiva, en la administración de justicia; dispositivos policiales sobrerreactivos que se focalizan en la pequeña criminalidad callejera y aumentan la criminalización de grupos sociales desfavorecidos, en especial jóvenes de sectores populares urbanos, así como la creciente participación de fuerzas militares en labores de seguridad, en el orden de la actividad policial” (*).

Nada de esto puede sorprendernos en Argentina. Desde las leyes Blumberg, los caballos de Troya que significaron las reformas procesales y la condescendencia irresponsable con las retóricas manoduristas, hasta retrocesos tales como la ley antiterrorista, el crecimiento de la población reclusa o el rol asignado en materia securitaria a confesos adeptos a la represión como forma de conjurar los conflictos, plantearon un panorama que se reiteró sin solución de continuidad en las políticas de los gobiernos progresistas de la región.

Las cárceles de Evo Morales, las menos violentas de América Latina, son a su vez espacios gestionados en muchos casos por los propios presos y reclusas, que viven a veces junto a sus hijos- en condiciones deplorables. El documental “Los delegados”, del investigador alemán Jorg Stippel, constituye una muestra incontrovertible de esta realidad de privación sistematizada y torna ocioso cualquier otro comentario ampliatorio.

Uruguay, por su parte, exhibe emblemáticamente la cárcel de Punta de Rieles como oscilante experiencia que cosecha adhesiones y críticas por partes iguales, en el mejor de los casos. Pero los informes propios plantean otro panorama, igualmente terrible: “Dos de cada tres reclusos son reincidentes y la gran mayoría de los presos carecen de las capacidades básicas necesarias para lograr una participación social plena, según revela el informe Privación de Libertad y Reinserción Social en Uruguay elaborado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) y por el Banco de Desarrollo de América Latina”.

“El informe, que tuvo como investigador principal al excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, advierte que la población carcelaria continúa creciendo en Uruguay, pero el Estado no ha ‘diseñado el marco institucional, ni ha alcanzado la calidad de gestión necesarios para acompasar esta tendencia’.

‘Debido a esto, la situación del sistema penitenciario es insostenible’. ‘Hacinamiento crítico, ocio compulsivo y niveles de violencia sin precedentes, son algunos de los rasgos preocupantes de las cárceles uruguayas’, agrega el informe. Uruguay se encuentra entre los países con mayor tasa de homicidios entre personas privadas de libertad. ‘Las cárceles uruguayas no habilitan ni rehabilitan’, apunta el informe presentado este martes” (**).

Son, por otra parte, conocidas las represiones de los gobiernos de Correa y Bachelet contra los comuneros originarios en Ecuador y Chile.

En todos los casos, las formas de resolución de la conflictividad social se transformaron en puntos oscuros de los gobiernos populistas en la región y constituyen un buen punto de partida para analizar sus respectivos retrocesos. Sobre todo, porque esas debilidades, vacilaciones y contradicciones afectaron a los sectores más vulnerados de su población.

(*) http://www.derechoareplica.org/index.php/mas/criminologia/1142-distribuir-con-la-izquierda-castigar-con-la-derecha-las-paradojas-del-punitivismo-en-la-venezuela-posneoliberal
(**) https://www.elobservador.com.uy/las-drogas-y-las-enfermedades-acosan-las-carceles-uruguayas-

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