Berhongaray presentó proyecto de Ley de Etica Pública

El diputado Martín Berhongaray presentó la ley de Etica Pública “donde se establecen un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñan en la función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado Provincial y o Municipal”.

“La presente iniciativa persigue por finalidad ajustar el desempeño de los funcionarios públicos y demás sujetos alcanzados a aquella ética que la provincia espera de ellos, demarcando su accionar mediante el establecimiento de un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades”, fundamentó.

El diputado detalló que “conforme al artículo 1° las pautas de conducta resultarán aplicables a aquellos que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en cualquiera de los tres Poderes del Estado Provincial y Municipal, entes descentralizados o autárquicos cualquiera que sea su forma jurídica, Empresas y Sociedades del Estado, mixtas y con participación estatal y organizaciones de carácter público que gocen de un estatuto de independencia para el ejercicio de funciones públicas”.

“Por su parte, el artículo 6° enuncia un conjunto de incompatibilidades aplicables a la función, sin perjuicio de las establecidas con carácter de orden jurídico en las leyes, decretos, estatutos y reglamentos. A título de ejemplo, merece destacarse la prohibición de dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado (art. 6°, inc. a), así como la de realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una concesión de la administración pública provincial y municipal y beneficiarse directa o indirectamente con la misma (inc. b)”, comentó.

En la explicación del articulado, Berhongaray dijo que “bajo el título de "Inhibición", el artículo 9° prevé que quienes desempeñen un alto cargo están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a cualquier empresa en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna participación, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado de consanguinidad. La inhibición debe materializarse por escrito de modo de dejar adecuada constancia, y notificarse al superior inmediato del alto cargo u órgano que lo designó”.

Por su parte, “el artículo 12° sanciona con la nulidad absoluta a todo acto realizado por los sujetos alcanzados que infrinja las normas de conducta ética. Finalmente, por el artículo 15° se propone la creación de la Comisión Provincial de Ética Pública que funcionará en ámbito de la Cámara de Diputados con el objeto de investigar supuestos de violaciones a los deberes y al régimen de incompatibilidades éticas”.

"Sin perjuicio de las previsiones establecidas en la presente, somos concientes de que la sola sanción de una ley de ética pública no permitirá resolver muchos de los problemas que empañan el ejercicio de la función y decantan en la baja credibilidad de las instituciones políticas. Dicha tarea requerirá, además, del diseño y ejecución de políticas orientadas a potenciar las expectativas en la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, garantizando la igualdad de oportunidades, consolidando una mejor educación, jerarquizando la salud, asegurando la independencia de la justicia, y promoviendo el respeto por la ley", concluyó.

El proyecto presentado por Berhongaray es el siguiente: 

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO 1°. La presente Ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en cualquiera de los tres Poderes del Estado Provincial y/o Municipal, entes descentralizados o autárquicos cualquiera que sea su forma jurídica, Empresas y Sociedades del Estado, mixtas y con participación estatal y organizaciones de carácter público que gocen de un estatuto de independencia para el ejercicio de funciones públicas.

FUNCIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 2°. Se entiende por función pública toda actividad permanente o temporal, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre o representación del Estado Provincial o Municipal, o al servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

FUNCIONARIO PÚBLICO.
ARTÍCULO 3°. Toda persona física que desempeñe en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, concurso o cualquier otra vía legal, actividades en el ámbito del Estado Provincial y/o Municipal.
Los sujetos mencionados deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.

DERECHO-DEBER CIUDADANO.
ARTÍCULO 4°. Se consagra y garantiza el derecho de los ciudadanos al control del comportamiento ético en el ejercicio de la función pública, constituyendo un deber a ser ejercido con responsabilidad y estricta sujeción a las normas de orden público.

CAPÍTULO II

INCOMPATIBILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROHIBICIÓN GENERAL.
ARTÍCULO 5°. Sin perjuicio de las incompatibilidades de orden jurídico establecidas en las leyes, decretos, estatutos y reglamentos, rigen para los sujetos alcanzados por la presente Ley las prohibiciones de orden ético detalladas en el artículo 6°.

PROHIBICIONES ESPECÍFICAS.
ARTÍCULO 6°. Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
1º) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades.
2°) Realizar por sí o por cuenta de terceros gestiones tendientes a obtener el otorgamiento de una concesión de la administración pública provincial y municipal y beneficiarse directa o indirectamente con la misma.
3°) Ser proveedor por sí o por terceros de los organismos del Estado donde desempeñe sus funciones.
4º) Usar el poder oficial derivado del cargo o la influencia que surja del mismo para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio personal que implique un privilegio a favor suyo, de sus familiares o a cualquier otra persona, medie o no pago o gratificación.
5º) Actuar en contrario de las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.
6º) Hacer uso del título oficial, los equipos de oficina o el prestigio de la oficina para asuntos de carácter personal o privado.
7º) Participar en negociaciones o transacciones financieras utilizando información que no es pública o permitiendo el mal uso de información para posteriormente lograr beneficios privados.
8º) Comercializar bienes dentro de la oficina y en horas de trabajo.

CAPÍTULO III
SITUACIONES ESPECIALES

PARTICIPACIÓN EN PRIVATIZACIONES O CONCESIONES
ARTICULO 7°. Los sujetos alcanzados por la presente Ley que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres (3) años inmediatos posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado.

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES.
ARTÍCULO 8°. Los funcionarios públicos de carácter político -electivos o no- no pueden tener, por sí o junto con, o a través de su cónyuge, ascendientes o descendientes dentro del segundo grado por consanguinidad, participaciones en empresas que tengan contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público.
En el supuesto de que la persona nombrada para ocupar una función pública de carácter político tenga una participación debe desprenderse de ella en un plazo no superior a los tres meses a contar desde el día siguiente a su designación.

INHIBICIÓN.
ARTÍCULO 9°. Quienes desempeñen un alto cargo están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a cualquier empresa en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna participación, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado de consanguinidad. La inhibición debe materializarse por escrito de modo de dejar adecuada constancia, y notificarse al superior inmediato del alto cargo u órgano que lo designó.

ARTICULO 10°. En el caso de que al momento de su designación el funcionario público se encuentre alcanzado por alguna de las prohibiciones o incompatibilidades previstas en los artículos precedentes, deberá:
Renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo.
Abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres (3) años o tenga participación societaria.

ARTICULO 11°. Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.

SANCIONES. NULIDAD.
ARTICULO 12°. Cuando los actos emitidos por los sujetos comprendidos en la presente Ley estén alcanzados por los supuestos previstos en los artículos 7°, 8° y 9° serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta.
Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.

ACUMULACIÓN DE CARGOS.
ARTÍCULO 13°. Ninguna persona podrá desempeñarse en más de un empleo,
cargo o función pública remunerada, cualquiera sea su categoría, dentro del ámbito del Estado Provincial. Es incompatible el desempeño de cualquier cargo, empleo o función en el ámbito provincial con otros remunerados del ámbito nacional o municipal.
La única excepción que se reconoce es el desempeño de la actividad docente, cuando no hubiere superposición de horarios que afecten en forma sustancial el ejercicio eficiente del cargo o función pública.

CAPÍTULO IV
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROHIBICIÓN DE DESIGNAR PARA CARGO PÚBLICO.
ARTÍCULO 12°. No podrá ser nombrado para desempeñar cargos públicos, no electivos, aquella persona que al tiempo de decidirse la designación estuviere
condenada por la comisión de un delito contra la Administración Pública, mientras perduren los efectos de la sentencia.

CESACIÓN EN SUS FUNCIONES.
ARTÍCULO 13°. Todo funcionario público de rango político, condenado en el ejercicio de sus funciones por un delito contra la Administración Pública, u otro de grave entidad, cesará en sus funciones desde el momento en que la sentencia hubiere quedado firme, por considerarse tal circunstancia ética y políticamente incompatible con el ejercicio de la función.

RESPONSABILIDAD POR MORA.
ARTÍCULO 14°. Será considerada falta grave e incumplimiento de los deberes a su cargo, entre otras, la inacción de los integrantes del Poder Judicial que posibilite la declaración de prescripción o haga incurrir en demora injustificada o retardo de justicia, en todas aquellas causas en las que se investiguen y juzguen delitos contra la administración pública.

CAPITULO VII
COMISIÓN PROVINCIAL DE ÉTICA PÚBLICA

CREACIÓN. FUNCIONES.
ARTÍCULO 15°. Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados la Comisión Provincial de Ética Pública con el objeto de investigar supuestos de violaciones a los deberes y al régimen de incompatibilidades establecidos en la presente Ley.

FUNCIONES.
ARTÍCULO 16°. La Comisión Provincial de Ética Pública tendrá las siguientes funciones:
a) Recibir las denuncias interpuestas respecto de conductas de los sujetos alcanzados por la presente Ley contrarias a la ética en el ejercicio de la función pública. Deberá adjuntarse a la denuncia toda la documentación y elemento probatorio en que se sustente.
b) Recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes.
c) Asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente Ley.
d) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado Provincial, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones.
e) Diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la presente Ley para el personal comprendido en ella.
f) Dictar su propio reglamento y elegir sus autoridades.
g) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión.

PREVENCIÓN SUMARIA.
ARTÍCULO 17°. La conducta de cualquiera de las personas alcanzadas por la presente Ley podrá ser investigada por iniciativa de la Comisión Provincial de Ética Pública, a requerimiento de autoridades superiores del investigado o por denuncia de un particular.
El investigado deberá ser informado por escrito del objeto de la investigación y tendrá derecho a ofrecer la prueba que estime pertinente para el ejercicio de su derecho de defensa.

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO.
ARTÍCULO 18°. Las disposiciones contenidas en la presente Ley se incorporarán como texto de la Ley nro. 1597 "Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento".

ARTÍCULO 19°. De forma.

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