Pensiones por discapacidad: ahora, el PRO afirma que hay que cambiar la ley

La dirigencia del PRO dio una vuelta en el aire y pasó de justificar la severidad en el ajuste sobre las pensiones para personas discapacitadas a pedir un cambio legislativo que morigere los requisitos exigidos.

La marcha atrás que ordenó el Gobierno Nacional impactó también en nuestra provincia, luego de cientos de reclamos por el ajuste sobre ese sector vulnerable.

Para concretar y justificar el recorte, el macrismo implementó una normativa de la época menemista, propiciada por Domingo Cavallo, en la que se aplican restricciones para el acceso a una pensión. La situación provocó un escándalo, movilizaciones en distintos puntos del país -también en Santa Rosa- y la denuncia de una violación a la ley y a los acuerdos internacionales de Derechos Humanos.
Entonces, el Gobierno anunció que repondría las pensiones y modificó su discurso: ahora plantea la necesidad de modificar la normativa que limita el acceso a esos derechos.

Marcelo Guerrero, delegado del área de Desarrollo Social, es uno de los funcionarios que admitieron que los requisitos que se exigen para otorgar pensiones tienen que ser modificados.

Apuntó que hay que revisar la legislación y las incompatibilidades establecidas, porque -puso como ejemplo- si se suman las pensiones provinciales y nacionales “llegás a ocho mil y pico de pesos, y a una familia se le hace muy difícil llegar a fin de mes”. Trató de justificar la conducta nacional: “Se recapacitó en las formas”, dijo.

De todos modos tampoco tuvo a mano muchas precisiones sobre lo ocurrido. “La información con que contamos es muy escueta”, añadió. A mitad de la semana que viene -dijo- se van a pagar las pensiones que estaban suspendidas. También precisó que, al final, los beneficiarios afectados fueron 140, y no 300 como se había dicho en un principio.

Lo que ocurrió, según esa explicación, es que -debido a la confusión y la mala comunicación- hubo numerosos reclamos de discapacitados antes de que les fuera cortada la pensión, con lo cual hubo más planteos que recortes concretos.

Guerrero dejó en claro, de todos modos, que “controles se van a hacer” e hizo notar que en el caso de La Pampa “recién este año” se empezó a hacer un cruzamiento de datos entre organismos oficiales de diversas jurisdicciones.

Resistir el retroceso

Frente al ajuste, varios sectores sociales y personas manifestaron en la plaza San Martín de Santa Rosa, tal como informó El Diario. Mario Lonegro, referente de la Asociación Caleuche, que trabaja con personas discapacitadas, llamó a resistir de distintos modos el retroceso que intentó imponer el Gobierno Nacional.

“Esto es una lucha por derechos que creemos ya conquistados: una persona discapacitada tiene derecho a un proyecto autónomo de vida, para no depender de la familia, el papá, la mamá o el hermano. No hay que mezclar el entorno, la pensión permite ampliar el horizonte de derechos, y cuesta cambiar esa mirada, si no volvemos para atrás”, reflexionó.

“Es una lucha no solo monetaria, sino por la mayor autonomía posible en el campo que sea, laboral, educativo, deportivo, para que vayan por sus propios medios. No hay que restringir, retroceder ni cortar derechos. No compartimos para nada eso”, aseveró el dirigente.

Acerca de lo ocurrido en La Pampa, señaló que hubo “casos concretos (de recorte), desconocemos los números totales, pero un solo caso nos pone en pie de lucha, estamos tratando de ampliar derechos, no vamos a retroceder. No descartamos la presentación de recursos de amparo”.

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